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Organización Judicial (contenido ampliado)

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La palabra jurisdicción designa la función de juzgar. Por ello, decir Poder Jurisdiccional es tanto como decir Poder judicial, perfectamente diferenciado del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo o administrativo.

La función jurisdiccional es exclusiva del Estado, y la ejerce a través de unos órganos que genéricamente llamamos tribunales, cuyo elemento más importante es el juez o los jueces. Aquellos órganos jurisdiccionales en los que el decisor es un solo juez suelen denominarse juzgados; si son varios los jueces decisores, se denominan tribunales.

Sin que se vulnere la unidad jurisdiccional, referida a la función de juzgar, se suele hablar también de jurisdicciones en plural, en referencia a los diversos sectores de asuntos o materias que pueden llegar a ser objeto de resolución por los órganos judiciales.

Así, llamamos jurisdicción ordinaria al conjunto de órganos judiciales que resuelven asuntos civiles o penales ordinarios.
Además tienen importancia la jurisdicción contencioso-administrativa, que conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo (artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa); y la jurisdicción de lo social (laboral o de trabajo), que conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho (Derecho laboral) en conflictos tanto individuales como colectivos.

Otro concepto fundamental en la organización judicial es el de competencia.

¿Qué queremos decir cuando nos preguntamos cuál es la competencia de un determinado juez o tribunal?

Si solo existiera un único órgano judicial, éste sería el competente para resolver todos los conflictos. Sin embargo, dentro del Estado y en cada jurisdicción existe una pluralidad de órganos judiciales de diferente jerarquía. Hay un gran número de juzgados que resuelven asuntos que se pueden calificar como menos importantes (delitos menos graves, reclamaciones de menor cuantía, etc.). Hay otros juzgados o tribunales que, con mayor rango, se ocupan de la resolución de asuntos más importantes, hasta llegar a un último tribunal, que se encuentra jerárquicamente por encima de los demás, y cuya función es controlar o supervisar la actuación de los órganos judiciales que están por debajo.

De este modo, la determinación de la competencia, tanto objetiva (qué asuntos puede resolver un determinado juez), como territorial (cuál es el alcance geográfico o el ámbito de actuación de un determinado juez), es relevante a la hora se saber a qué juzgado o tribunal hay que dirigirse.

Es una garantía para la buena administración de Justicia, que los conflictos jurídicos no sean resueltos por un único órgano judicial, con el fin de evitar los riesgos de errores, incompetencia o mala fe del juzgador. Por este motivo, lo más frecuente es que la sentencia del juez o tribunal que juzga un asunto en primer lugar (primera instancia), pueda ser recurrida ante otro órgano judicial de jerarquía superior que pueda revisar esa sentencia, reconsiderando el conflicto total o parcialmente y resolviendo de nuevo con otra sentencia, que prevalece sobre la del primer juzgador. Así se llegaría hasta un órgano cuya sentencia no admita recurso, poniendo fin al conflicto.

La jurisdicción está integrada por jueces y tribunales repartidos por todo el Estado, con arreglo a una estructura piramidal: un gran número de órganos en la base, que van decreciendo en número en las sucesivas instancias, a medida que aumenta su jerarquía, y por fin un único Tribunal Supremo, con sede en Madrid.

El Libro I de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, regula la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los juzgados y tribunales, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta Judicial desarrolla la materia.

Así, se establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales:

  • Juzgados de Paz.
  • Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
  • Audiencias Provinciales.
  • Tribunales Superiores de Justicia.
  • Audiencia Nacional.
  • Tribunal Supremo.

En cuanto al carácter unipersonal o colegiado de los órganos, son todos unipersonales excepto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

El Tribunal Supremo se compone de su presidente, de los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. Tiene cinco salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar.

La Audiencia Nacional se compone de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones (de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social).

Los Tribunales Superiores de Justicia  constan de cuatro salas (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Se componen de un presidente, que lo será también de las salas civil y penal; de los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas.

Las Audiencias Provinciales se componen de un presidente y dos o más magistrados. Conocerán de los órdenes civil y penal, pudiendo existir secciones con la misma composición.

Además de los órganos anteriores que componen la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerce las competencias definidas en el artículo 161 de la Constitución. El Tribunal Constitucional es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Tiene las siguientes competencias:

  1. Control de constitucionalidad de normas con rango de ley, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas. Este control se realiza a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. El primero es un recurso directo y abstracto, promovido por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o Senadores y los Gobiernos y Parlamentos autonómicos. De ellos conocen el Pleno y las dos Salas del Tribunal.
  2. Recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 de la Constitución. La garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas está encomendada, en primer lugar, a Jueces y Tribunales integrados en el Poder Judicial, a través de las vías y remedios que ofrecen las leyes procesales; si bien la Constitución ha establecido un sistema específico y último de tutela de tales derechos, el recurso de amparo constitucional, que ha residenciado en el Tribunal Constitucional. De esta manera, el Tribunal, se configura como órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales y, por ende, último garante de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución. Su conocimiento corresponde en principio a las Salas, que pueden deferirlo a las Secciones. El Pleno conoce de los que le sean elevados por las Salas para un eventual cambio de doctrina y de aquéllos que recabe expresamente para sí.
  3. Conflictos constitucionales. Bien entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas o de dos o más Comunidades Autónomas entre sí; bien entre órganos constitucionales del Estado. De todos estos procesos conoce el Pleno, quien, salvo en el caso de los conflictos entre órganos constitucionales, puede deferir la resolución a las Salas.
  4. Conflicto en defensa de la autonomía local, promovido por municipios y provincias con ocasión de leyes o normas con rango de ley, tanto estatales como autonómicas, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Su resolución corresponde al Pleno, salvo remisión por éste a una de las Salas.
  5. Control previo de constitucionalidad de tratados internacionales, a requerimiento de Gobierno, del Congreso o del Senado. Se trata de un procedimiento en el que se pretende evitar la integración en el Derecho español de normas internacionales contrarias a la Constitución. Este control es de la exclusiva competencia del Pleno.
  6. Anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal, a iniciativa del Tribunal y contra cualquier acto o resolución que menoscabe su jurisdicción. Su conocimiento compete al Pleno.

(*) Los Tribunales están organizados en competencias territoriales y de materias, jurisdicción ordinaria y especial. La diversidad de materia exige la especialización de los Tribunales. Existen jurisdicciones ordinarias y especiales.

  • Ordinaria: Civil, Penal, Mercantil, Contencioso-Administrativa y de lo Social.
  • Especial: la Militar, Tribunal de Cuentas, Tribunales Consuetudinarios y Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.

Los Tribunales (o Salas en su caso):

  • de lo Civil: Conoce de los pleitos entre particulares, sobre derecho privado, tanto civil como mercantil, y todos aquellos casos no recogidos por las demás jurisdicciones.
  • de lo Penal: Investiga y juzga, haciendo ejecutar lo juzgado, en materia de faltas penales y delitos.
    • Las faltas, son infracciones que por su carácter de menor importancia no tiente la consideración de delitos.
    • Los delitos, son acciones y omisiones que se infringe a la ley penal y pone en peligro los valores del hombre y su sociedad.
  • de Violencia sobre la Mujer: Investiga en materia de delitos y faltas cometidos con violencia o intimidación contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; conocimiento y fallo de faltas; adopción de órdenes de protección a las víctimas; conocimiento en el orden civil de asuntos de filiación, maternidad y paternidad, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, relaciones paterno filiales, guarda y custodia de menores, reclamaciones de alimentos, adopción, etc.
  • de lo Contencioso-Administrativo: Revisa los actos de las administraciones públicas para lograr que se ajuste a Derecho.
  • de lo Social: Conoce de las cuestiones relativas a los contratos de trabajo, conflictos y convenios colectivos, elecciones sindicales y en materia de seguridad social.
  • de lo Mercantil: Conoce de cuestiones en materia concursal, de acciones de patrimonio de la empresa, suspensión colectiva de contrato, ejecución de embargo, medidas cautelares sobre el patrimonio del la empresa y acciones tendentes a exigir la responsabilidad del los administradores de la empresa, asunto en materia de transporte, derechos marítimo, protección del derecho de la propiedad intelectual e industrial.
  • de Vigilancia Penitenciaria: Revisa las penas de los presos y la concesión de beneficios penitenciarios y el tercer grado.

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