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Personas beneficiarias de la justicia gratuita

¿Qué es la justicia gratuita?

La Constitución regula en el art. 119 la gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

  • Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.
  • Asistencia de Abogado al detenido o preso.
  • Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.
  • Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
  • Exención del pago de depósitos para la interposición de recursos.
  • Asistencia pericial gratuita en el proceso.
  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.
¿Quién puede ser persona beneficiaria del derecho a justicia gratuita?

Aquellas personas que, en cualquier tipo de procedimiento judicial,  acrediten recursos económicos insuficientes para litigar.

En las personas físicas, se consideran recursos económicos insuficientes, cuando acreditados todos los ingresos y recursos computados anualmente, por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del IPREM (es un índice que cada año se publica en la Ley de Presupuestos y que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas como becas, subvenciones, subsidios de desempleo,…Para el año 2011 el IPREM mensual es de 532,31€). Existen algunas excepciones, que dependen de determinadas circunstancias personales, tales como discapacidad u otras condiciones que permiten superar los límites de ingresos anteriormente citados.

Tienen derecho a la justicia gratuita:

  • Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  • Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  • Las siguientes personas jurídicas, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:
    • Asociaciones de utilidad pública.
    • Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.
  • En el orden jurisdiccional social: los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
  • En el orden jurisdiccional penal: tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
  • En el orden contencioso - administrativo: los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjería, (incluida vía administrativa previa).
¿Qué requisitos para poder solicitar el beneficio de justicia gratuita?

Para las personas físicas

  1. Que los recursos e ingresos económicos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar no superen el doble del IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud.
  2. Que, aun superando el doble del IPREM, los recursos no excedan del cuádruplo del IPREM y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, atendiendo a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, minusvalía, obligaciones económicas, costes derivados de la iniciación del proceso u otras circunstancias y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, decida conceder excepcionalmente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  3. Que se litigue en defensa de derechos e intereses propios.

Personas jurídicas

  1. Que se trate de Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o de Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.
  2. Que su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.

Más información en la web de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía:
http://www.cgj.junta-andalucia.es/gobernacionyjusticia...

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