Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +

Logo de la Fundación Mediara

Justicia y tribunales (contenidos ampliados)

Volver

La función de aplicar las leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces y tribunales, tal como establece la Constitución Española en su artículo 117 párrafo 3.
La actividad de los órganos judiciales obedece a unos principios que constituyen garantía mínima de una buena administración de Justicia:

  1. Independencia de los órganos judiciales. Es el fundamento de la actividad judicial, ya que no hay verdadero Estado de Derecho si el Poder judicial y las personas que lo integran (Jueces y Magistrados) no están libres de toda intromisión por parte de cualquiera de los otros dos poderes: el Legislativo (el Parlamento y el Senado) y el Ejecutivo (el Gobierno). Esa independencia de los Jueces y Magistrados que integran el Poder judicial se recoge también en la propia Constitución (artículo 117 párrafo 1).
  2. Inamovilidad de los jueces. Es un requisito previo para asegurar la independencia de los órganos judiciales, ya que los Jueces y Magistrados deben tener asegurada la estabilidad en sus cargos, pues lo contrario significaría un grave riesgo de sometimiento a las autoridades que hubieran de decidir sobre su destino. Este principio se recoge igualmente en el artículo 117 párrafo 1 de la Constitución. En aplicación del mismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 15, establece que los Jueces y Magistrados no podrán ser separados de sus cargos, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la Ley.
  3. Acceso a la función judicial. La designación de las personas que han de integrar los órganos judiciales ha de estar libre de toda sospecha de parcialidad. Por ello se nombran por el Poder Ejecutivo, pero no de forma caprichosa, sino sujeto a precisas exigencias legales, mediante un sistema de concurso-oposición entre personas que reúnan determinados requisitos (edad, titulación, conducta irreprochable, etc.).
  4. Responsabilidad de los órganos judiciales. La potestad exclusiva de juzgar no exime a los jueces de responsabilidad por sus actos, ya que existen mecanismos para exigirles responsabilidades por sus eventuales negligencias, impericias o parcialidades.
  5. Principio de publicidad. Para garantizar la recta administración de justicia, la función del juez y sus decisiones deben estar sometidas a este principio de publicidad, salvo en los casos en que prime el respeto a la intimidad de la persona, y ante la necesidad de asegurar una eficaz actuación judicial. Por este segundo motivo son secretas las diligencias del sumario penal hasta que se abre el juicio oral, para que no se vean obstruidas las indagaciones del juez instructor.  Una representación del principio de publicidad es el principio de oralidad. En España el juicio es oral y público por definición, y sólo por causas muy concretas puede el tribunal ordenar que se celebre a puerta cerrada.
  6. Principio de contradicción. La idea de que nadie puede ser condenado sin ser oído es un principio fundamental del Derecho, a la vez que una de las garantías individuales del ciudadano. Toda resolución judicial exige la previa audiencia de todos aquellos cuyos intereses puedan resultar afectados por el pronunciamiento del juez.

Portal Adriano: el portal de la Justicia en Andalucía

Subir

Mapa Web

© Copyright 2011 | Fundación Pública Andaluza "Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía"  |  Aviso legal y política de privacidad  |  Ayúdanos a mejorar  |  Contacto