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Mediación Civil/Mercantil

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Legislación
Ilustración: Mediación Comunitaria
  • La Mediación en el ámbito europeo

    La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, incide sobre el concepto de la mediación como instrumento para dar una solución alternativa económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes. Aunque la Directiva se refiere a asuntos transfronterizos en cuestiones mercantiles, insta a los Estados miembros a promover la mediación como otro sistema extrajudicial de resolución de controversias.

    La importancia de la Directiva 2008/52/CE es de tal envergadura que no sólo es el marco que ampara la normativa nacional en mediación civil y mercantil, sino que es el origen para la legislación española en este ámbito. Desde los principios que la rigen, tales como la voluntariedad de las partes y la buena voluntad de éstas, la confidencialidad del proceso, la posibilidad de que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva, la formación de los mediadores, a la conceptualización de la mediación en sí y de la figura del mediador, la Directiva 2008/52/CE se configura como la referencia en mediación civil y mercantil.

    A partir de ésta, cada Estado miembro de la Unión Europea ha incorporado a su legislación de forma desigual la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Si desglosamos por ámbitos esta regulación en los distintos países europeos tenemos la siguiente situación:

    Respecto a los acuerdos:

    • En Grecia y Eslovenia la legislación establece que un órgano jurisdiccional puede obligar a un acuerdo de mediación. 
    • Países Bajos y Alemania establecen que los acuerdos podrán tener carácter ejecutivo a través de documentos notariales.
    • Austria permite que los acuerdos tengan carácter ejecutivo como documentos notariales, sin que la norma estatal de transposición haga referencia expresa a esa posibilidad.   
    • Respecto a los incentivos: el incentivo financiero para la participación en la mediación y el carácter obligatorio reducen significativamente la carga de trabajo de los juzgados.
    • De lo anterior se deriva la obligatoriedad de la mediación, o someterla a incentivos o sanciones, sin que deje de ser un derecho de las partes el acceder al sistema judicial:
      • Bulgaria desembolsa el 50% de la tasa estatal que se ha de abonar para afrontar un conflicto contencioso si se resuelve en mediación. La medida fue clave para el éxito de la mediación como alternativa a la resolución de conflictos.
      • Rumanía prevé el desembolso total de las costas judiciales si las partes resuelven por mediación el conflicto.
      • Hungría e Italia siguen este camino al dejar exentos de tasas y costas el proceso de mediación.
      • Si no se opta por los incentivos, la obligatoriedad  parece que es la solución en los Estados cuyos sistemas judiciales están colapsados.
    • La creación de Consejos Estatales de Mediación en Bulgaria y Rumanía, como autoridades nacionales para la práctica de la mediación con estatuto de organismos jurídicos autónomos, ha supuesto un impulso realmente significativo para la promoción de la mediación.
    • El fomento de la mediación ha de partir de las autoridades nacionales a través de programas donde se destaquen las ventajas de la mediación, y deben dirigirse a abogados, notarios, personal del ámbito universitario y empresariado, en particular PYMES.

    Respecto a las personas mediadoras:

    • Inglaterra posee un número de teléfono para poner en contacto a los mediadores del área donde se encuentre la persona que solicita los servicios. Recomienda también acceso por webs especializadas.
    • El acceso al Registro de mediadores es gratuito en casi todos los países.
    • De forma mayoritaria, los países europeos han desarrollado un código deontológico para la práctica de la mediación.

    Respecto a la formación:

    • Bélgica: la formación está regulada por la Comisión Federal de Mediación, pero la formación propiamente dicha está a cargo del sector privado. La formación debe consistir en 60 horas, con un mínimo de 25 comunes y 25 horas de práctica. Además de esta parte común hay programas específicos de un mínimo de 30 horas (con teoría y práctica repartidas libremente); estos programas específicos son sobre mediación civil, familiar, mercantil y social. Los centros de formación autorizados por la Comisión Federal de Mediación acreditan a las personas que han realizado  la formación.
    • Alemania: no tiene un programa de formación nacional, sino que son las asociaciones, universidades, empresas y particulares quienes pueden formar en mediación.
    • Estonia: el Ministerio de Asuntos Sociales planifica las actividades de los mediadores. La formación la imparte el sector privado (asociaciones de mediación) y no hay normativa específica.
    • Irlanda: la formación de los mediadores no tiene regulación estatal, aunque la Agencia de Asesoramiento Familiar imparte formación en mediación familiar. Para acceder a ésta, deberán pasar un curso general de 60 horas de duración y someterse a un proceso de selección riguroso. 
    • Grecia: no existe programa de formación nacional.
    • Francia: no se exige formación específica a nivel nacional para ejercer la mediación excepto en mediación familiar. En este ámbito, la formación estará a cargo de centros especializados y un diploma expedido por el prefecto de la región al término de la formación, o unas pruebas de certificación de la experiencia. Los centros especializados están autorizados por la Dirección Regional de Asuntos Sanitarios y Sociales. La formación es de al menos 560 horas distribuidas en 3 años con al menos 70 horas prácticas. Al terminar, el candidato pasa unas pruebas.
    •  Letonia: no existe ningún organismo estatal encargado de la formación. La Asociación de Mediadores Certificados creada en 2007, realiza exámenes para acreditar a los profesionales que se forman en esta entidad.
    • Lituania: no existe ningún organismo que regule la formación. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y algunas instituciones privadas ofrecen formación; no están sujetas a ninguna reglamentación.
    • Luxemburgo: La Universidad de Luxemburgo ofrece un programa de formación (máster). Su duración es de 4 años, distribuidos en módulos. Se combina la enseñanza general con la especializada por ámbitos de mediación: civil, mercantil, internacional, familiar, intercultural, penal, social, escolar, laboral, de consumo, en administraciones, salud, medio ambiente.
    • Malta: El Centro de Mediación de Malta organiza cursos de formación de forma esporádica, de distintas temáticas. Aún así, no está regulado por el Estado.
    • Holanda: el Instituto Holandés de Mediación (con un registro propio de sus mediadores) establece que, como garantía de calidad, los mediadores inscritos deberán haber realizado con éxito la formación como mediador del IHM y superar una prueba de evaluación de los conocimientos adecuados (es una prueba de 50 preguntas de elección múltiple más 5 preguntas abiertas).
    • Austria: el Ministerio Federal de Justicia tiene una lista de mediadores. La inscripción conlleva datos personales, profesionales  (la edad mínima es de 28 años para poder ejercer). La formación se divide por formación base con conocimientos en técnicas de mediación, conocimientos jurídicos y psicológicos, y formación continua (al menos cursar 50 horas en un periodo de 5 años y pasar con éxito una prueba).
    • Polonia: la administración pública no organiza formación específica para mediadores. Es el Centro Nacional de Formación de Personal, el que forma sólo a jueces y fiscales. Los mediadores pueden elegir entre la oferta de los diversos centros privados, cuyos programas difieren.
    • Portugal: la formación la realizan los centros privados y el Ministerio de Justicia acredita la formación exigiendo un número de horas de aprendizaje, un determinado número de prácticas y contenidos concretos en los programas. Para poder ser inscritos en las listas del GRAL (Gabinete Resolución Alternativa de Litigios) los programas de formación deberán garantizar formación en familia, civil, penal, y laboral.
    • Rumanía: el Consejo de Mediación se encarga de la supervisión de todo lo relacionado con la mediación. La formación es privada, pero el Consejo es el órgano encargado de autorizar a los centros de que los programas responden a los mismos criterios. Hay una formación inicial de 80 horas. 
    • Eslovenia: no existe ningún órgano judicial de formación en mediación. La formación la imparten entidades privadas y ONG´s.
    • Finlandia: el Instituto Nacional de Salud y Bienestar organiza cursos de formación para mediadores.
    • Suecia: no hay ningún órgano del Estado que imparta formación para mediadores.
    • Gran Bretaña:
      • Inglaterra: la formación de los mediadores se hace en el ámbito privado. La profesión se auto regula y se ocupa de la formación de sus propios miembros. No existe ningún requisito legal que les obligue a formarse de forma específica. Son las propias organizaciones las que tienen sus normas de funcionamiento para sus profesionales y la formación que imparten.
      • Irlanda del Norte: los abogados que integran el Grupo de Resolución de Controversias son los que reciben la formación del propio colegio y están acreditados por el propio Colegio de Abogados.
      • Escocia: la Red Escocesa de Mediación gestiona el registro de mediadores. El propio registro garantiza la calidad de la mediación al exigir una serie de requisitos para estar en él. Su inclusión permite al mediador utilizar la leyenda “Mediador inscrito en el Registro Escocés”. La formación la realizan centros acreditados por la Red Escocesa de Mediación. También hay programas de formación continua para mediadores de una duración mínima de 30 horas.
  • La Mediación civil y mercantil en España

    La mediación en el ámbito civil y mercantil ha sido objeto de reciente regulación en España. La Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ha cumplido la necesaria transposición a la legislación nacional de la Directiva 2008/52/CE y al mismo tiempo ha supuesto el inicio en la ordenación general de la mediación en este ámbito, fruto de la inaplazable necesidad de incorporar a la legislación española la Directiva 2008/52/CE de 21 de mayo de 2008.

    La ley define qué es la mediación en su artículo 1: “aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”. Y establece, en el artículo 2, el ámbito de aplicación de la ley, que serán las mediaciones en asuntos civiles y mercantiles incluidos los conflictos transfronterizos, quedando excluida del ámbito de aplicación de la ley la mediación penal, la mediación con las Administraciones públicas, la mediación laboral y la mediación en materia de consumo. Éstas últimas se rigen por legislaciones específicas.

    • Principios informadores de la mediación
      • Voluntariedad y libre disposición. La mediación es voluntaria, y nadie estará obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.
      • Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. El procedimiento de mediación garantizará que las partes intervienen en plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio y respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.
      • Neutralidad. El proceso de mediación se desarrollará de forma que las partes alcancen por sí mismas un acuerdo de mediación.
      • Confidencialidad. La persona mediadora, las instituciones de mediación y las partes que han intervenido en un proceso de mediación, no podrán revelar información derivada del procedimiento. Asimismo, no están obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o arbitral, excepto cuando las partes así lo expresen por escrito, y por resolución judicial motivada sea solicitada por jueces del orden jurisdiccional penal.
      • Buena fe, lealtad y respeto mutuo. Las partes actuarán conforme a estos principios, y deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador.
    • Estatutos del mediador

      Pueden ser mediadores:

      • Personas naturales, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y siempre que no lo impida la legislación por su profesión.
      • Personas jurídicas, dedicadas a la mediación, sean sociedades profesionales u otras previstas en la ley, deberán nombrar a una persona natural para su ejercicio.

      Formación:
      El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con una formación específica para ejercer la mediación (uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas), que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
      El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de los conflictos en los que intervenga.

      El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes. Éste podrá renunciar a desarrollar la mediación, con la obligación de entregar un acta a las partes en la que consta la renuncia. Asimismo, el mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad (todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes; cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación; cuando el mediador, o un miembro de la empresa/organización, hayan actuado a favor de una de las partes en otras circunstancias).

      En cuanto a la responsabilidad de los mediadores, se contempla en el art. 14, la responsabilidad en daños y perjuicios que puedan causar si no cumplen fielmente con el proceso de mediación. La parte perjudicada podrá actuar contra el mediador y contra la institución de mediación (en su caso).

      El coste de la mediación, independientemente del resultado de ésta, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario. Tanto los mediadores como las instituciones de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos necesaria para atender el proceso de mediación.

    • Procedimiento de mediación

      A) El procedimiento de mediación podrá iniciarse:

      • De común acuerdo entre las partes.
      • Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquellas.

      Si la mediación se inicia estando en curso un proceso judicial, las partes, de común acuerdo, podrán solicitar su suspensión según la legislación procesal.

      Una vez recibida la solicitud el mediador o la institución citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En esta sesión, el mediador informará de su profesión, formación y experiencia, de las características de la mediación, coste, de la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.

      La mediación podrá ser llevada a cabo por uno o varios mediadores, que deberán actuar de forma coordinada.

      B) Sesión constitutiva.

      El proceso de mediación comienza con una sesión constitutiva en la que las partes expresan su deseo de desarrollar la mediación. Deberán dejar constancia de:

      • La identificación de las partes.
      • La designación del mediador (o institución).
      • El objeto del conflicto que se somete a mediación.
      • El programa de actuaciones y duración máxima del proceso.
      • Información del coste de la mediación.
      • Declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.
      • El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.

      De esta sesión constitutiva se levantará acta en la que consten todos estos aspectos, y deberá ser firmada por las partes y el mediador.

      C) Plazo.

      La ley 5/2012 de 6 de junio no establece plazos determinados, sino que contempla que deberá ser lo más breve posible y concentrada en un mínimo número de sesiones.

      D) Desarrollo del proceso de mediación.

      El mediador convoca a las partes con la suficiente antelación, dirige las sesiones, facilita la comunicación entre las partes y favorece el equilibrio en el desarrollo del proceso. Las comunicaciones entre el mediador y las partes podrán ser o no simultáneas, y comunicará a todas las partes la celebración de reuniones que han tenido lugar por separado, sin perjuicio de la confidencialidad de lo tratado.

      E) Terminación del proceso.

      • El procedimiento de mediación, que puede concluir con acuerdo o sin acuerdo, finalizará:
        • Bien porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminado el proceso, comunicándoselo al mediador.
        • Bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes.
        • Cuando el mediador aprecie de forma justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables.
        • Otras causas que determinen su conclusión.
      • Con la finalización del proceso, se devolverán los documentos aportados.
      • Con el resto de documentación se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador (o la institución) por un plazo de 4 meses.
      • El acta final determinará la finalización del procedimiento y reflejará los acuerdos alcanzados, o su conclusión por cualquier otra causa.

      El acta deberá ir firmada por el mediador y por todas las partes. Se entregará un ejemplar original a cada una de ellas. Si alguna de las partes no quisiera firmar el acta, el mediador hará constar dicha circunstancia, entregando un ejemplar a las partes que lo deseen.

      F) El Acuerdo de mediación:

      • Podrá versar sobre una parte o la totalidad de las materias tratadas en el proceso de mediación.
      • Deberá constar:
        • La identidad y el domicilio de las partes.
        • Lugar y fecha en que se suscribe.
        • Las obligaciones que cada parte asume.
        • Mediador o mediadores que han intervenido y en su caso, institución de mediación en que se ha desarrollado el procedimiento.
      • El acuerdo deberá firmarse por las partes o sus representantes.
      • Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada parte y al mediador para su conservación. El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y la opción de elevarlo a escritura pública con fuerza ejecutiva.

      G) Mediación por medios electrónicos.

      Si las partes lo acuerdan, algunas o todas las actuaciones de mediación podrán llevarse a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otros medios, siempre que se garantice la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la ley 5/2012 de 6 de julio.

      Si se reclama una cantidad menor de 600 €uros, la mediación preferentemente se desarrollará por medios electrónicos, salvo que a alguna de las partes no le sea posible

    • Ejecución de los acuerdos

      Los acuerdos alcanzados por las partes tras un proceso de mediación podrán ser elevados a escritura pública. Las partes presentarán al notario copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento. No será necesaria la presencia del mediador. El notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que los acuerdos no son contrarios a Derecho.

      Si la mediación se desarrolló después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal la homologación del acuerdo según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil: http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/08/pdfs/A00575-00728.pdf


      La ejecución de los acuerdos de una mediación estando en curso un proceso judicial, se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo.

      Si se formalizaron acuerdos tras un proceso de mediación, el competente será el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación.

      En cuanto a los acuerdos de mediación transfronterizos, si el acuerdo ya adquirió fuerza ejecutiva en otro Estado, sólo podrá ser ejecutado en España cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervención de la autoridad competente con funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas.

      Si el acuerdo no fue declarado ejecutable por una autoridad extranjera, sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por un notario español a solicitud de las partes.

      El acuerdo no podrá ser ejecutado si resulta manifiestamente contrario al orden público español.
      Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles correspondientes a los “Documentos sin cuantía” previstos en el número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989 de 17 de noviembre.

      http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/28/pdfs/A37169-37171.pdf

      Es importante recordar que esta ley está a la espera de ser desarrollada reglamentariamente, sobre todo en cuanto a la formación de las personas mediadoras, las entidades de mediación, el funcionamiento del registro de mediadores, requisitos, etc.

  • Ventajas
    • Para las partes:
      • Son las partes las que encuentran la solución al conflicto, una solución a medida, con mayor grado de compromiso en el  cumplimiento del acuerdo. Es lo que se denomina autonomía funcional, en la que las partes en conflicto tienen la posibilidad de elegir la vía de resolución del conflicto.
      • Es una solución más rápida que la vía judicial
      • Los costes son menores, tanto en tiempo como en dinero.
      • Previene conflictos futuros.
    • Para el propio sistema:
      • Reduce la carga de trabajo de los tribunales.
      • Disminuye costes para el propio sistema judicial.

    En definitiva, la mediación en el ámbito civil y mercantil tiene enormes ventajas para las partes, pues son éstas las que, con ayuda de un mediador, tienen la posibilidad de solucionar un conflicto, en menos tiempo, con menores costes económicos y emocionales, y adaptados a su entorno socioeconómico.

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