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Arbitraje de consumo

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Mediación de consumo
Arbitraje de consumo

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo
El Arbitraje de Consumo es una alternativa a la vía judicial en asuntos de pequeña cuantía entre consumidores y usuarios y empresarios y profesionales, salvo que haya habido daños o lesiones, en cuyo caso es obligatoria la vía judicial. El arbitraje de consumo es un sistema extrajudicial (alternativo a la Justicia).

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos.

Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una Sentencia.

La actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo, órganos administrativos, se rige por lo previsto por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

  • ¿Cuáles son los órganos que intervienen?
    • Junta Arbitral Nacional
    • Autonómicas
    • Provinciales
    • De mancomunidades
    • Municipales.
  • ¿Cuáles son sus funciones?
    • Resolver sobre las ofertas públicas de adhesión
    • Conceder o retirar el distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
    • Gestionar y mantener actualizados los datos de las empresas o profesionales que estén adheridos al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo.
    • Dar publicidad de las empresas o profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo mediante ofertas públicas de adhesión, en particular en el respectivo ámbito territorial.
    • Elaborar y actualizar la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo.
    • Impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo, asegurando, cuando proceda, el recurso a la mediación previa al conocimiento del conflicto por los órganos arbitrales
    • Gestionar el archivo arbitral, en el que se conservarán y custodiarán los expedientes arbitrales.
    • Proveer de medios y realizar las actuaciones necesarias para el mejor ejercicio de las funciones  de los órganos arbitrales y, en su caso, de los mediadores.
    • Poner a disposición de los consumidores o usuarios y de las empresas o profesionales formularios de solicitud de arbitraje, contestación y aceptación, así como de ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
  • ¿Cuál es el procedimiento de arbitraje de consumo?

    En líneas generales:

    Solicitud

     

    • Se inicia con la formalización de una Solicitud de Arbitraje que puede presentarse en la Junta Arbitral de Consumo directamente (a instancia del propio reclamante), a través de una Asociación de Consumidores o de la Oficina de Información al Consumidor (Omic) o Punto de Información al Consumidor (PIC).
    • Una vez recibida la solicitud se comprobará si el comerciante o empresario reclamado está adherido al Sistema. Si lo está, comenzará el procedimiento propiamente dicho, si no lo está, se le trasladará la solicitud disponiendo de un plazo de 15 días para aceptarla o rechazarla. Si no está adherido pero desea hacerlo debe rellenar un Compromiso de Adhesión y estregarlo en la Junta Arbitral.
    • Si es rechazada por el/la empresario/empresaria la invitación al arbitraje, se archivará la solicitud sin más trámites, dado que el procedimiento tiene carácter voluntario, y se le indicará que queda abierta la vía judicial.
    Mediación

    Cuando no existan causas para la inadmisión de la solicitud de arbitraje y salvo que las partes se opongan a la mediación o ésta haya sido intentada antes sin lograr un acuerdo entre ellas, la Junta Arbitral de Consumo a través de los procedimientos que cada una de ellas tenga establecidos intentará que las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de contar con la intervención de los árbitros.
    Los mediadores, al igual que los árbitros, están sujetos en su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y confidencialidad.
    El intento de mediación puede suspender durante un mes el plazo máximo previsto para dictar el laudo (6 meses).

    Colegio arbitral

    Si el/la comerciante o empresario/empresaria estaba previamente adherido, o acepta el sometimiento al arbitraje, se designará el Colegio Arbitral que será el que decida sobre el conflicto planteado y estará compuesto:

    1. Por el Presidente, designado por la Administración.
    2. Por un Árbitro, representante de los Consumidores.
    3. Por un Árbitro, representante de los Empresarios.

     

    Audiencia

    Posteriormente se citará a las partes a una audiencia, donde podrán manifestar cuánto estimen conveniente sobre el conflicto existente.

    Pruebas

    El Colegio acordará las pruebas que estime pertinentes bien por propia iniciativa o la de las partes. Cuando las pruebas se acuerden de oficio o sea por el Colegio Arbitral, estás serán costeadas por la Administración de la que dependa la Junta Arbitral de Consumo. En caso de que se proponga por las partes, el pago de las pruebas será asumido por éstas.

    Laudo

    El Procedimiento finaliza con un laudo que como una sentencia judicial resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada.
    Si las partes llegaran a un acuerdo por sí mismas a lo largo del procedimiento, éste será recogido en un laudo llamado conciliatorio, con el fin de que tenga también la misma eficacia que si de una sentencia judicial se tratase.

    Recursos

    Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de dos meses desde la notificación a los interesados y el Recurso de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

    Exclusiones

    No podrán ser objeto de arbitraje de consumo las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva, aquellas en que las partes no tengan poder de disposición, deba intervenir el Ministerio Fiscal, concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.

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